Por Jorge Bonica Sierra
La trama de corrupción más grande de los últimos años, el hackeo y estafa al FONASA que alcanzó la escandalosa cifra de 10 millones de dólares, sigue vomitando nombres que durante mucho tiempo se mantuvieron en las sombras. En exclusiva, El Bocón ha recibido testimonios de primera mano de integrantes de la organización delictiva, revelaciones que dejan al descubierto una red de complicidades políticas y sindicales de alto vuelo.
A la ya conocida lista de jerarcas que, presuntamente, recibieron importantes sumas de dinero —entre los que figuran nombres como Bonomi, Sendic, Lotito y Mendoza—, se suma ahora un personaje que, por su cargo, genera una indignación especial: Sixto Amaro, ex director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los jubilados.
¿Dónde estaba la Justicia?
La gravedad de este testimonio no radica solo en la acusación contra Amaro, sino en el muro de silencio que la propia Justicia ha levantado. Es inaudito que la fiscal Stella Alciaturi, habiendo recibido en su despacho a un miembro clave de la organización —alguien que conoce las entrañas de este robo millonario—, haya optado por la inacción.
En lugar de profundizar, de citar, de investigar y de llegar hasta el hueso del asunto, la fiscal Alciaturi se limitó a enviar las pruebas a Asuntos Internos del Ministerio del Interior. ¿Eso es investigar? ¿O es una forma elegante de enterrar una megacausa para proteger a los peces gordos?
El «defensor» de los jubilados, ¿en la nómina de los estafadores?
Resulta aberrante que quien ocupó una silla en el BPS, supuestamente para defender los intereses de los trabajadores pasivos, aparezca señalado por recibir dinero de una banda de estafadores que se enriqueció a costa de los recursos de la salud de todos los uruguayos.
Estamos hablando de dinero que salió del bolsillo de la gente para terminar en manos de una casta de funcionarios que parece haber entendido el Estado como un botín personal.
La pregunta que retumba hoy en todo el país es: ¿Alguien va a hacer algo?
