Los vehículos Mamba que comenzarán a utilizarse en determinadas zonas de Montevideo no implican una militarización de la seguridad pública ni que el Ejército vaya a asumir funciones policiales.
Lo que se ha informado es que el conductor del vehículo será personal militar, debido a que se trata de equipamiento perteneciente al Ejército Nacional y que requiere personal capacitado para su manejo.
Sin embargo, el resto de la dotación estará integrada por efectivos de la Policía Nacional, particularmente de la Guardia Republicana, que seguirán siendo los responsables de las tareas de seguridad y prevención del delito.
Además, esta medida tiene un objetivo muy concreto: proteger al personal policial que trabaja en barrios donde se registran balaceras, enfrentamientos entre bandas y situaciones de violencia extrema.
El uso de vehículos blindados busca brindar mayores condiciones de seguridad a quienes deben intervenir en esos escenarios complejos.
Por lo tanto, el Ministerio de Defensa Nacional no participa en tareas de seguridad pública ni en operativos policiales. Su papel se limita a colaborar con el recurso material —los vehículos— y con los conductores militares necesarios para operarlos durante un período determinado y bajo coordinación de la Policía Nacional.
Presentar esta medida como una intervención militar en los barrios no refleja la realidad. Se trata de una herramienta de apoyo logístico destinada a mejorar la protección de los funcionarios policiales frente a situaciones de alto riesgo, manteniéndose intacta la conducción y responsabilidad de la seguridad pública en manos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.
El objetivo es claro: se debe proteger al personal policial de las balaceras, de los enfrentamientos entre bandas y de la violencia criminal.
Cuidar a quienes nos cuidan no es militarizar la seguridad; es darles las herramientas necesarias para cumplir su tarea y regresar sanos y salvos a sus hogares.
