Por Jorge Bonica Sierra.-
Gustavo Salle ha perfeccionado el arte de la pirotecnia verbal, pero el humo ya no logra tapar los números. A 14 meses de haber asumido su banca, el líder de Identidad Soberana sale a la palestra con un proyecto de ley para bajar y poner un techo a los salarios de los legisladores y del Poder Ejecutivo, proponiendo además la eliminación de partidas y gastos de representación.
La pregunta penal e investigativa surge de inmediato: ¿Por qué carajo no presentó este proyecto el primer día que pisó el Parlamento?
La respuesta es tan simple como lucrativa. En estos primeros 14 meses, la «pyme familiar» que Salle montó en el Palacio Legislativo —gracias a la maniobra electoral que colocó a su hija como diputada— se ha embolsado casi medio millón de dólares en sueldos líquidos. Si se suman todos los conceptos, partidas y beneficios que el Estado les otorga, la cifra que la familia Salle le ha costado al contribuyente roza el millón y medio de dólares.
Presentar este proyecto ahora no es convicción; es hipocresía pura y un manotón de ahogado. Salle sabe perfectamente, mejor que nadie, que no existen los votos para aprobar una reforma de este tipo. Propone lo imposible para quedar como el único «puro«, mientras sigue facturando del sistema que tanto dice combatir. Es el clásico manual del vendehumo: agitar a las masas con soluciones mágicas cuando empieza a perder clientela política.
Las sombras financieras de Identidad Soberana
Detrás del griterío de tribuna, hay un entramado administrativo y financiero que Salle no logra aclarar, y que expone las contradicciones de su relato antisistema:
• ¿Dónde está la plata del partido? La ley electoral mandata que los partidos políticos deben tener una cuenta oficial en el Banco República (BROU). ¿Cumple Identidad Soberana con esta normativa o el dinero de los votos se gestiona en cuentas personales? El argumento de Salle de que «guarda la plata para las próximas elecciones» en un partido unipersonal levanta alarmas inmediatas sobre la transparencia de esos fondos.
• El apartamento de la discordia: ¿Es verdad que con esos fondos se adquirió una propiedad inmueble en una zona de Punta del Este, que el propio Salle denunciaba públicamente como un «lavadero de dinero»? La contradicción moral es flagrante.
• El patrimonio de la diputada: En su declaración jurada, la diputada e hija de Salle declara un apartamento valorado en un millón de dólares. Cabe preguntarse: ¿una carrera como odontóloga justifica semejante patrimonio inmobiliario a su edad?
• Los clientes del pasado: Como abogado, Gustavo Salle supo tener una cartera de clientes selecta y de alto poder adquisitivo, incluyendo defensas a personajes pesados del mundo del narcotráfico. ¿Esos ingresos fueron debidamente declarados y justificados ante el fisco, o hay cabos sueltos en las finanzas familiares?
Un partido fantasma y fracturado
La puesta en escena del proyecto de ley también busca desviar la atención de la crisis interna que carcome a Identidad Soberana. Según testimonios de la propia directiva del partido, la interna está completamente dividida y enfrentada.
No se reúnen formalmente desde las elecciones de hace dos años y el partido ha incumplido sistemáticamente con la obligación de realizar sus elecciones internas obligatorias. No existe una estructura democrática; existe un caudillo que maneja el sello partidario a su antojo y beneficio.
A Gustavo Salle se le empieza a notar el desgaste del personaje. El discurso contra la «casta» y la «corrupción» se desploma por su propio peso cuando los números demuestran que él y su familia se han convertido en los beneficiarios más caros del presupuesto nacional, vendiendo un humo antisistema que se paga a precio de oro.
