Por Jorge Bonica Sierra
La indignación y la asfixia económica han llegado a un punto de no retorno para los pequeños comerciantes de Paso Molino.
Lo que históricamente fue un polo comercial emblemático de Montevideo, hoy se ha transformado, según denuncian los propios vecinos y trabajadores de la zona, en una «toldería» sin ley donde la competencia desleal y la ausencia del Estado están destruyendo al comercio formal.
Las denuncias que llegan a nuestra redacción describen un panorama alarmante. Las veredas, paradas de ómnibus y semáforos se encuentran invadidas por puestos callejeros que dificultan gravemente el tránsito peatonal. Sin embargo, el problema estético y de limpieza es solo la superficie de una crisis mucho más profunda: el cierre masivo de pequeños comercios locales.
El peso del Estado para unos, la vista gorda para otros Mientras que un comerciante establecido debe enfrentar rigurosamente sus obligaciones con el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General de Impositiva (DGI), la venta ambulante en la zona opera con total impunidad. «Es imposible competir», relata el testimonio de una madre cuyo comercio familiar debió bajar la persiana tras dos años de asfixia financiera, incapaz de costear la carga impositiva frente a un entorno que no paga un solo peso de impuestos. La informalidad en Paso Molino ya no se limita al clásico vendedor con una manta en el suelo.
Hoy el despliegue es logístico y tecnológico: Estructuras permanentes: Las carpas y puestos quedan armados durante la noche, adueñándose del espacio público las 24 horas del día. Oferta a gran escala: Se constata la venta masiva de contrabando, desde cigarrillos hasta réplicas de marcas internacionales.
Bancarización informal: La venta ambulante se ha modernizado. Varios puestos cuentan con terminales de pago (POS). Según las denuncias recibidas, sistemas de cobro como Handy permiten la obtención de estos dispositivos utilizando únicamente la cédula de identidad, sin necesidad de registrar una empresa legalmente constituida.
De este modo, miles de transacciones electrónicas esquivan el radar de la DGI de forma diaria. El miedo a las represalias y la inacción de la Intendencia El silencio de muchos afectados no es complicidad, es temor. Los comerciantes establecidos manifiestan un profundo miedo a denunciar formalmente la situación debido a posibles represalias por parte de quienes controlan los puestos callejeros. A esto se suma un reclamo directo a las autoridades departamentales. Los vecinos aseguran que la Intendencia de Montevideo lleva cerca de dos años sin cumplir de manera efectiva con la fiscalización y las reglamentaciones vigentes que regulan la venta en la vía pública.
La omisión de control genera un fuerte sentimiento de discriminación entre los trabajadores: «Si todo esto pasara en las puertas de un shopping, ¿cuánto durarían los puestos afuera?», se preguntan con amargura.
La situación en Paso Molino exige una respuesta inmediata. El comercio barrial, aquel que paga sueldos, alquileres e impuestos, se está extinguiendo ante la mirada indiferente de las autoridades que deberían garantizar una competencia justa y el orden del espacio público. Es hora de que la Intendencia y los organismos de control crucen la avenida y vean, con sus propios ojos, la realidad que están soportando los montevideanos.
