Por: Jorge Bonica Sierra.-
En el complejo mundo de la burocracia estatal, existe una figura que parece sacada de un manual de cómo tomarle el pelo a la ciudadanía: la reiteración del gasto. Es el mecanismo perfecto para que los Intendentes y jerarcas de turno hagan lo que quieran con el presupuesto, incluso cuando el máximo órgano de control les dice en la cara que lo que están haciendo es ilegal.
El «Ojo que mira» pero no muerde
El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) es, en teoría, el guardián de la legalidad. Su función es revisar cada contrato y licitación. Cuando el Tribunal detecta que algo huele mal —ya sea por falta de presupuesto o por saltarse normas básicas—, emite una observación. Es una luz roja en el tablero.
Pero aquí empieza el festival de la impunidad: la Constitución permite que el jerarca (el Intendente) «reitere» el gasto. El Tribunal dice «No lo pague», el Intendente firma un papel que dice «Yo mando, páguese igual», y el dinero sale de las arcas públicas sin más trámite. La voluntad política aplasta la legalidad técnica.
¿Quiénes nos cuidan? El club de los «acomodados»
Para entender por qué este sistema es tan débil, hay que mirar quiénes integran el Tribunal. Lejos de ser un cuerpo puramente técnico e independiente, sus directores suelen ser políticos que, en muchos casos, vienen de fracasos electorales. Al no ser electos por el pueblo, el sistema los «premia» acomodándolos en estos cargos de control.
El ejemplo más claro de esta realidad es el actual presidente del TCR, el Dr. Francisco Gallinal. Es indignante que quien debe velar por la transparencia sea alguien sistemáticamente denunciado por este semanario, El Bocón, por múltiples irregularidades, abuso de funciones y actos de corrupción. ¿Qué tipo de control puede ejercer un dirigente con semejante historial y que llegó al cargo como un premio consuelo de la política profesional?
Un sistema que necesita dientes
Hoy, la observación del TCR es apenas un «tirón de orejas» moral que termina en el cementerio de las Juntas Departamentales o la Asamblea General, donde los amigos del poder archivan todo.
Mientras el Tribunal siga siendo un refugio para políticos cuestionados como Gallinal y la figura de la «reiteración» permita ignorar la ley, la transparencia en Uruguay seguirá siendo un saludo a la bandera. La plata del pueblo merece respeto, no ser manejada por quienes usan la lapicera para saltarse los controles que ellos mismos deberían garantizar.
Deja una respuesta