La salud en Uruguay no solo padece de virus y bacterias; padece de una patología mucho más profunda y letal: la insolvencia disfrazada de derecho social.
El CASMU hoy no es solo una mutualista en crisis; es un tumor institucional que parece imposible de extirpar, una estructura que consume recursos públicos a un ritmo voraz mientras el sistema político, por temor o por cálculo, prefiere el respirador artificial antes que la cirugía necesaria.
Un rescate que pagamos todos Hablemos claro: el CASMU le está costando al pueblo uruguayo decenas de millones de dólares. No son «ajustes contables» ni «desfasajes temporales».
Es dinero real que sale de los bolsillos del contribuyente para sostener una gestión que ha demostrado, sistemáticamente, ser inviable. El gobierno de Luis Lacalle Pou, en una decisión que muchos leen como un intento de evitar un estallido social y sanitario de proporciones épicas, optó por el rescate.
Pero, ¿a qué costo? Capitalizar una institución que no ha dado muestras de una reforma estructural profunda es, en términos llanos, tirar dinero bueno al malo. Se eligió la vía del parche sobre la solución de fondo: el cierre o la absorción.
La crónica de una quiebra anunciada Los números no mienten, aunque los discursos intenten maquillarlos. La Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana ya ha dado la voz de alerta con una contundencia técnica escalofriante: el horizonte tiene fecha de vencimiento.
Según los informes técnicos, para septiembre de este año el Estado tendrá que volver a inyectar varias decenas de millones de dólares. De lo contrario, la declaración de quiebra será inevitable. Estamos ante una agonía financiada.
Si para sobrevivir el CASMU necesita que el Estado se convierta en su cajero automático personal cada seis meses, entonces la institución ya no existe como entidad privada independiente; es un ente subsidiado que arrastra al sistema entero hacia el abismo.
El peso de la cobardía política ¿Por qué no cerró sus puertas? Por el miedo al efecto dominó y al costo electoral. Sin embargo, mantener con vida artificial a un «muerto financiero» solo garantiza que, cuando el colapso finalmente ocurra —y ocurrirá—, el impacto sea mucho más violento y el agujero en las arcas públicas mucho más profundo.
El CASMU se ha vuelto una entidad «demasiado grande para caer», pero también demasiado ineficiente para seguir de pie. Uruguay no puede seguir siendo el rehén de una gestión mutualista que prioriza la permanencia de su burocracia por encima de la sostenibilidad económica del país.
La pregunta ya no es si el CASMU es viable, sino cuántos millones más estamos dispuestos a sacrificar antes de aceptar la realidad.
