Por: Jorge Bonica Sierra
En el departamento de Canelones, entre el polvo y el olvido del Camino a Tapia, nació hace años una semilla de rebeldía civil. Lo que comenzó como un grupo de vecinos de San Jacinto exigiendo dignidad, hoy se ha consolidado como la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana (CONACOPACI), con personería jurídica MEC No. 1528/2024.
Al frente de esta lucha técnica se encuentra el economista Jorge Núñez, un hombre que ha decidido usar la ciencia de la auditoría forense como un arma de verdad.
Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿Por qué, cuando la ciudadanía presenta pruebas irrefutables, el sistema mira hacia otro lado?
Del dato a la evidencia: El método Núñez a diferencia de la queja vacía, lo que Jorge Núñez y CONACOPACI han diseñado es un Programa de Auditoría Ciudadana basado en el rigor legal (Leyes 19.272 y 18.381).
No se trata de «pareceres«, sino de un proceso científico de fiscalización:
1. Captura de datos: Acceso a la información pública que el poder suele esconder.
2. Análisis forense: Procesamiento técnico de estados contables y operativos.
3. Generación de evidencia: Pruebas calificadas que demuestran dónde se perdió el dinero o dónde falló la gestión. El muro del silencio es indignante ver cómo este trabajo virtuoso, que busca «convencer» al jerarca con la verdad técnica en la mano, choca contra un muro de silencio.
Ni jueces, ni políticos, ni organismos de control parecen querer «darle pelota» a las auditorías de Núñez. ¿Será que la evidencia es tan clara que les resulta peligrosa?
Ignorar una auditoría forense ciudadana es ignorar la propia Ley de Descentralización. Cuando un informe técnico detalla irregularidades en los caminos rurales o en la gestión de fondos, y la justicia no actúa, se está dejando desamparado al vecino que paga sus impuestos.
Un llamado a la acción la historia de CONACOPACI es la historia de la soberanía recuperada. No podemos permitir que el esfuerzo técnico de profesionales como Jorge Núñez termine en un cajón.
La auditoría forense no es un trámite, es un acto de justicia para quienes caminan el barro mientras en los despachos se firman números que no cierran. Es hora de que los jueces y los jerarcas entiendan que CONACOPACI ya no es solo un grupo de vecinos; es una institución técnica armada con la ley y la verdad. Ignorarlos ya no es una opción, es una falta a sus deberes públicos.
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