Los Operadores Penitenciarios que cumplimos funciones en las distintas áreas de la Unidad N.º 12 de Rivera, con excepción del Área Operativa que se desempeña en el Piso Celdario, expresamos mediante la presente nuestro profundo malestar, preocupación y sensación de injusticia ante una situación que se viene arrastrando desde hace años y que en la actualidad se ha visto claramente agravada.
En primer lugar, resulta inaceptable que hayamos tomado conocimiento, a través de la red social Instagram del Sindicato SITRAPEN, de una situación generada en el sector de celdario y de las negociaciones mantenidas con el Sr. Director de la Unidad, Crio. Marcio Alfonso, respecto a determinados reclamos planteados por los Operadores que allí se desempeñan. Consideramos una falta de respeto hacia el resto del personal que situaciones de carácter institucional, que potencialmente involucran a todos los funcionarios, sean conocidas mediante redes sociales y no a través de los canales formales correspondientes, vulnerando principios básicos de comunicación interna y transparencia administrativa.
Queremos dejar en claro que comprendemos y apoyamos plenamente los reclamos y derechos de los compañeros que cumplen funciones en el celdario.
No obstante, resulta inadmisible que las soluciones adoptadas o en análisis continúen recayendo sistemáticamente sobre los Operadores de otras áreas, generando una distribución desigual de las cargas laborales.
De forma reiterada se ha adoptado como práctica disponer de funcionarios de distintos sectores para cubrir o reforzar el celdario, evidenciando una falta de planificación estructural y de criterios equitativos en la asignación de recursos humanos. Esta modalidad no solo desconoce las responsabilidades propias de cada área, sino que además compromete el normal funcionamiento de las mismas.
Cuando los Operadores son destinados a cumplir funciones de apoyo, se ven obligados a descuidar sus tareas habituales, generándose acumulación de trabajo que posteriormente deben asumir sin apoyo institucional.
En inúmeras situaciones, las autoridades han manifestado que no existiría perjuicio, sosteniendo que el servicio será cubierto sin mayores exigencias.
Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario, quedando tareas pendientes que luego deben ser cumplidas bajo presión, lo que evidencia una discordancia entre lo expresado y lo efectivamente ocurrido.
A ello se suma la constante intervención de superiores fuera del horario laboral, o cuando el funcionario se encuentra en los citados apoyos, mediante llamadas telefónicas y mensajes a dispositivos personales, impartiendo directivas, solicitando información o adelantando tareas, lo que implica una extensión informal o sobrecarga de la jornada laboral.
Esta práctica, sostenida en el tiempo, genera una sobrecarga que impacta directamente en la salud mental y psicológica de los funcionarios, configurando un escenario de desgaste que no puede ser naturalizado.
Asimismo, se constata una limitación reiterada en el ejercicio de derechos funcionales vinculados a licencias reglamentarias o días libres que por necesidades particulares puedan surgir durante el período de apoyos.
En particular, durante celebraciones tradicionales como las fiestas de fin de año, funcionarios de distintas áreas son designados para reforzar sectores como Revisoría y Celdario, lo cual es percibido como una medida punitiva encubierta hacia quienes han demostrado compromiso sostenido durante el año.
De igual forma, durante la Semana de Turismo, se exige la concurrencia regular a la Unidad, pese a tratarse de un período en el cual, mediante una adecuada planificación del servicio, podría optimizarse la organización del trabajo evitando la presencia innecesaria de funcionarios.
La reiteración de estas prácticas evidencia criterios discrecionales que afectan directamente la equidad en el goce de derechos laborales.
Debe destacarse que los funcionarios que integran las distintas áreas han accedido a las mismas en base a méritos funcionales, manteniendo legajos destacados, sin certificaciones médicas, con participación activa y permanente colaboración en actividades institucionales.
En este contexto, la asignación reiterada de dobles funciones es percibida como una desvalorización del desempeño, e incluso como una forma de castigo hacia quienes han demostrado mayor compromiso.
Por otra parte, resulta pertinente señalar que, pese al ingreso de nuevas funcionarias policiales en los últimos años, las mismas no han sido destinadas a cumplir funciones dentro de la Guardia Interna, lo cual incrementa la percepción de desigualdad en la distribución de tareas.
En este sentido, entendemos que la solución de fondo no radica en continuar sobrecargando a los mismos funcionarios, sino en gestionar de forma urgente el fortalecimiento de los recursos humanos mediante el ingreso de nuevos Operadores Penitenciarios, permitiendo una organización más justa, eficiente y sostenible del servicio.
La continuidad de estas prácticas configura un escenario de inequidad funcional, sobrecarga laboral y afectación progresiva de las condiciones de trabajo, lo cual podría derivar en responsabilidades administrativas por la falta de adopción de medidas correctivas adecuadas.
Finalmente, dejamos expresa constancia de que la acumulación de todas estas situaciones ha generado un nivel significativo de desgaste emocional, mental y psicológico en los funcionarios, afectando no solo su bienestar personal, sino también la calidad del servicio que se brinda.
El presente reclamo se formula en defensa de condiciones laborales justas, del respeto a los derechos funcionales y de la dignidad del rol que desempeñan los Operadores Penitenciarios dentro del sistema.
Por todo lo expuesto, se solicita la intervención de las autoridades competentes a efectos de revisar las prácticas señaladas y adoptar medidas concretas que garanticen equidad, transparencia y respeto en la gestión del personal.
